lunes, 27 de febrero de 2012

27 de febrero, día de la independencia nacional, día de reflexión Celebrar una gesta, pero transformar el presente también

27 de febrero, día de la independencia nacional, día de reflexión
Celebrar una gesta, pero transformar el presente también
Héctor B. Olea C.
El 27 de febrero es un día de importancia histórica para el pueblo dominicano. Un día como hoy, pero del año 1844, un grupo de hombres y mujeres valientes lograron la independencia del país del poder haitiano y el consiguiente establecimiento de la primera república.
En los días previos a esta fecha, a nivel nacional se promueven toda una serie de reflexiones tendentes a provocar que las generaciones presentes y futuras mantengan viva en su memoria y hasta emulen el sentimiento patrio (el desinterés personal) principalmente de los llamados padres de la patria, así como el de los hombres y mujeres que junto a ellos lucharon para lograr la tan presumida hoy (¿todavía real, alguna vez real?) independencia nacional.
Lo lamentable es tener que ser testigos de cómo funcionarios públicos, comenzando por el poder ejecutivo mismo, el poder legislativo y el poder judicial, actúan de espalda a los principios de enarbolados por los padres de la patria. También es penoso tener que observar cómo funcionarios públicos que juran hacer cumplir la constitución y las leyes vigentes, actúan por lo general en sentido contrario.
Por ejemplo, consideremos el juramento que los miembros de poder ejecutivo (presidente y vicepresidente de la república) tienen que hacer al ser juramentados y tomar posesión de sus cargos:
“Juro ante Dios y ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo” (artículo 127 de la vigente constitución dominicana, promulgada a penas el 26 de enero del año 2010).
Es, pues, muy claro, que los presidentes que hemos tenido en el país, por lo general, de muchas y muy diversas maneras, actúan de espaldas, precisamente al juramento que con tanta solemnidad prestan (quizás porque no es un juramento que les salga de lo más profundo de su corazón; también porque probablemente ni crean en eso; quizás porque simple y aparentemente no es más que un mero formalismo fijado por el legislador en la llamada “carta magna) al tomar posesión de sus cargos; pero con que tanto descaro ignoran y violan luego al administrar el estado.
Respecto del poder legislativo, representado por el senado (cámara alta) y la cámara de diputados (cámara baja); podemos mencionar un principio muy valioso, interesante, pero a su vez echado al zafacón por el habitual y tradicional comportamiento de los miembros del congreso nacional. El principio en cuestión, establecido precisamente en la constitución vigente en su artículo 77, numeral 4, afirma:
“Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Será verdad que el histórico y recurrente comportamiento de los representantes del poder legislativo (sin importar de qué partido provengan) ha mostrado conformidad con este principio? Claro que no, de eso el pueblo dominicano está plenamente convencido, incluso la comunidad evangélica misma.
Una clave que quizás nos ayude a entender el histórico y contradictorio proceder de estos supuestos representantes del pueblo dominicano en los tres poderes de la república (el ejecutivo, el legislativo y el judicial); es que actúan más bien apegados a los principios e intereses del partido al que pertenecen; en otras palabras, no hacen suyos los verdaderos y legítimos intereses del pueblo al que constitucional y de manera legítima y consistente están para representar, promover y defender, sino que más bien actúan apegados a la agenda e intereses del partido u organización política en que tienen su membresía.
En suma, el ideal constitucional es un estado de verdadero derecho, un estado donde se imponga el imperio de la ley, un estado donde los representantes del pueblo dominicano en los distintos estamentos del poder público actúen no a favor de sus personales y partidarios intereses, sino a favor de los verdaderos intereses nacionales. Por eso, personalmente he llegado a decir que el principio de que se sirve al país, sirviendo al partido; en la mayoría de los casos, implica traicionar al país, buscando los simples intereses del partido.
En realidad parece que los supuestos representantes del pueblo dominicano, antes que miembros del pueblo dominicano, antes que verdaderos dominicanos, son peledeistas (miembros y compromisarios del partido de la liberación dominicana); antes que verdaderos dominicanos, son perredeistas (miembros y compromisarios del partido revolucionario dominicano); antes que verdaderos dominicanos, son reformistas (miembros y compromisarios del partido reformista social cristiano), etc. Obviamente, así no se hace patria, por no menos, no con la que soñaron las personas que sacrificaron sus vidas por la independencia nacional, no con la que todavía sueña el pueblo dominicano.
Por otro llama la atención que la fecha del 27 de febrero esté entre las tres únicas fechas en que según la constitución vigente el poder ejecutivo tiene la facultad constitucional de conceder indultos, con apego al marco jurídico vigente. La constitución vigente establece (en su artículo 128, primer apartado, literal “j”) que el poder ejecutivo tiene la facultad constitucional de producir indultos en tres fechas específicas del año: los días 27 de febrero (día de la independencia nacional), los días 16 de agosto (día de la restauración de la República), y los 23 de diciembre (fecha previa a la cena de Noche Buena).
Realmente asombra que el poder ejecutivo no utilice este recurso constitucional, demostrando un verdadero patriotismo, a fin de lograr un cambio radical y positivo respecto de la situación en que actualmente se encuentran muchas personas que purgan diversas penas en el sistema penitenciario de la República Dominicana.
Ahora bien, también resulta llamativo que nunca se ha visto que las comunidades evangélicas (de manera directa o vía las instituciones que dicen o pretenden representarla), que tanto “oran” por las personas que cumplen diversas penas en el sistema penitenciario de la República Dominicana; se hayan pronunciado (como sí lo han hecho y lo hacen consistentemente a favor de temas de su particular interés), para que el poder ejecutivo utilice el referido instrumento constitucional para indultar a miles de personas en las cárceles con enfermedades terminales, otras que ya han purgado la pena impuesta por un juez, y otras que sin haberse dictado sentencia; sin embargo ya tienen años de prisión como si se les hubiera dictado sentencia alguna.
A la luz del estado actual de las cosas, se impone que en una fecha tan memorable para la identidad nacional, también pensemos y asumamos una actitud crítica y responsable, a fin de que en nuestro país se establezca un verdadero estado de derecho, y un verdadero clima donde impere el interés nacional y no el partidario, o grupal, incluso el de instituciones y agrupaciones religiosas (sin excluir las evangélica).
Es preciso insistir en que las comunidades evangélicas, y las que dicen representarlas, también se deben comprometer con la lucha por el establecimiento de un verdadero clima donde reine la paz, la libertad, un efectivo estado de derecho; un estado donde existan condiciones de verdadera libertad y satisfacción de las aspiraciones que tenemos como pueblo; un estado donde tenga sentido presumir del hecho de nacer o llegar a ser un ciudadano de este bello pero mal administrado país; país tan recurrentemente traicionado por muchísimas personas (de compromiso partidario, de compromiso religioso) que dicen representarlo y que supuestamente prometen actuar en su favor, defendiendo sus mejores intereses.
Es preciso, pues, que las comunidades evangélicas, en el ejercicio de un verdadero y legítimo ejercicio profético, se comprometan con la lucha por el establecimiento de un verdadero estado de derecho; con el establecimiento de un verdadero clima de justicia y paz social, un ambiente de satisfacción general, donde impere el interés nacional y no el interés grupal, político partidario, incluso de algunas agrupaciones religiosas (sin excluir las evangélicas). ¿Se… se entiende?

¡Hasta la próxima!

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